Sunday, February 18, 2018

CAPTURAN A UNA SOSPECHOSA TERRORISTA DE SENDERO LUMINOSO


La Policía española captura a una presunta integrante de Sendero Luminoso sospechosa de tres asesinatos



Objetos de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en un museo de la Dirección Antiterrorista de la Policía peruana. (AFP)
Agencias | Madrid | 17 de Febrero de 2018 
La Policía española detuvo este viernes en Madrid a una mujer de 47 años, María Hilda Pérez Zamora, sospechosa de pertenecer a la guerrilla peruana Sendero Luminoso y de haber participado en "al menos tres asesinatos cometidos en Perú", reporta la AFP.
"Sobre la detenida recae una orden de extradición solicitada por las autoridades de Perú", precisó la Policía española en un comunicado.
Pérez Zamora está "incursa en un proceso penal por delitos de terrorismo que en la legislación de aquel país están penados con hasta 30 años de privación de libertad", añade el texto.
Concretamente, se le imputan "entre otras acciones delictivas cometidas en Perú, el asesinato de dos oficiales de policía y un civil en el año 1990 y el asalto a un puesto policial en 1992".
La policía española califica a la mujer de "muy peligrosa" y destaca que la detención fue "de gran complejidad", ya que empleaba documentación falsa y había cambiado su aspecto físico "para evitar ser identificada".
La guerrilla maoísta Sendero Luminoso fue desarticulada a mediados de los 90 y sus principales líderes purgan cadena perpetua, tras un conflicto interno que dejó unos 69.000 muertos, según concluyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003.
Actualmente tiene remanentes en las dos principales zonas cocaleras del país, el Alto Huallaga (San Martín) y el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (selva alta).

MADURO A LA CORTE DE LA HAYA

"A lo único que le temen Nicolás Maduro y su banda es a la Corte Penal de La Haya"

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH y experto de la OEA para evaluar la crisis en Venezuela, analizó para Infobae el futuro del presidente chavista y cuáles son las chances de que lo condenen por delitos de lesa humanidad
"La Corte Penal Internacional de La Haya es la única que hoy tiene dientes, puede morder y hacerle daño a Maduro y compañía", aseguró Santiago Cantón en diálogo con Infobae. Para el ex titular de la CIDH y actual secretario de DDHH de la provincia de Buenos Aires, lo que sucede en Venezuela ya superó las violaciones a los Derechos humanos, hay "técnicamente" un ataque generalizado y sistemático contra la población civil: delitos de lesa humanidad.
El 8 de febrero pasado, la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre Venezuela por la "fuerza excesiva" de la policía para "dispersar y reprimir manifestaciones" y "graves abusos" a detenidos, cometidos desde abril de 2017.
"Esto demuestra que lo que veníamos diciendo varios, y la presión de muchos gobiernos imponiendo sanciones, funcionó. Porque era medio llamativo que no se hiciera una investigación. En 2006 se intentó abrir una pero se cerró sin que pase nada. Llegamos a esto, en gran parte, por el trabajo de la OEA, que mostró que la situación es grave", aseguró Cantón, quien además es uno de los tres expertos independientes convocados por la Organización de Estados Americanos para analizar cientos de testimonios de ejecuciones extrajudiciales, torturas y censura durante la administración de Nicolás Maduro.
Los gobiernos de la región prefirieron el petróleo de Venezuela en lugar de denunciar las violaciones a los derechos humanos. Muchos países, incluyendo Argentina.
"Nuestro trabajo es aportar información adicional que recabamos en audiencias y en investigación, y mostrar cómo -en efecto- se viola el Tratado de Roma, que es por el cual se rige la Corte Penal Internacional. El caso se tiene que abrir y se tiene que ampliar. Yo creo que la investigación que se está haciendo es un un marco muy limitado, sólo a hechos ocurridos alrededor de las manifestaciones, y nosotros sabemos que han habido situaciones más graves", explica.
-¿Por qué debería ampliarse?
-Porque además de personas asesinadas en las manifestaciones, nosotros sabemos que hay por lo menos más de 200 casos documentados de tortura en una cárcel de Caracas, que son ajenas a las manifestaciones. También sabemos de persecución política evidente y muy clara, que no está asociada específicamente a las manifestaciones. Queremos que se investigue desde 2014. Nosotros queremos que se amplíe temporal y materialmente.
-¿En la CPI se puede juzgar a Maduro?
– Completamente. La diferencia entre la CPI y la Corte Interamericana de DDHH es que hay responsabilidad individual. Se va en contra de personas, de Maduro y de los funcionarios de este Gobierno. Hay personas presas en la cárcel de La Haya por decisiones de la Corte. El Tribunal condena a una persona por delitos de lesa humanidad y le avisa a Interpol que lo busque… Funciona el sistema, quizás no como todos queremos, pero funciona y ha funcionado.
Queremos que se investigue desde 2014
-Que hay violaciones a los DDHH en Venezuela está probado por numerosos informes, pero ¿cómo se prueban los delitos de lesa humanidad?
-En los últimos 14 años sabemos que hay violaciones de DDHH. Esto no es una visión política, lo ha dicho la Comisión Interamericana de DDHH, que no puede ser juzgada como conservadora. A mi me tocó decirlo en el año 2000, en el primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En 2009 también se hizo un informe muy duro y ahora acaba de presentarse otro, muy muy duro. Sabíamos de las violaciones a los derechos humanos ahora estamos demostrando que son delitos de lesa humanidad.
-¿Cual es la diferencia?
-Están establecidos en el Tratado de Roma. Técnicamente es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Eso es lo que estamos viendo en Venezuela.
Venezuela mostró el fracaso de la comunidad internacional, y en particular el de América Latina, para resolver el conflicto
– ¿Cómo actuó y actúa la comunidad internacional?
-Venezuela mostró el fracaso de la comunidad internacional, en particular el de América Latina, para resolver el conflicto. En 2001 aprobamos una Carta Democrática Interamericana cuyo objetivo era, justamente, evitar estos hechos. Porque nos pasó con el Perú de Fujimori. Como consecuencia surgió la Carta, para actuar ante las democracias que aparentaban ser y no son, como el Perú de Fujimori y como Venezuela. Este mecanismo pensado como garantía colectiva para defender la democracia fracasó por culpa del anterior secretario general de la OEA (por el chileno José Miguel Insulza), porque el Mercosur y la Unasur no hicieron lo que tenían que hacer. Porque los gobiernos de la región prefirieron el petróleo de Venezuela en lugar de denunciar las violaciones a los derechos humanos. Muchos países, incluyendo Argentina.
-¿Si todo eso fracasó, por qué la CPI puede tener éxito?
-Ahora hay que esperar que la Fiscalía decida acusar. Yo sé que a lo único que le temen Maduro y su banda es a la Corte Penal Internacional de La Haya. Porque lo único que hoy tienen dientes, puede morder y hacerles daño, es la CPI. Temen que pidan su captura internacional. Es que una condena por delitos de lesa humanidad es grave. Dentro de lo que existe a nivel internacional, es la única herramienta que queda, ya se probó con todo.

Saturday, February 17, 2018

A MADURO, NADIE LO QUIERE, PERO...

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JUSTICIA DE EEUU ACUSA A 13 RUSOS DE GUERRA INFORMATIVA

El fiscal especial de EEUU acusa a 13 rusos de 'guerra informativa' e injerencia electoral


El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller. (AP)
Agencias | Washington | 17 de Febrero de 2018
El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, acusó este viernes a 13 ciudadanos y tres entidades de Rusia de haber lanzado "una guerra informativa" en internet para dividir a la sociedad estadounidense e influir en las elecciones de 2016, reporta EFE.
Muller, encargado de investigar si el equipo de Donald Trump se coordinó con el Kremlin para dañar a Hillary Clinton, destapó que el gigantesco operativo, bautizado como Proyecto Laktha, empleaba a cientos de personas y, a través de las redes sociales y el activismo de base, desplegó en Estados Unidos una intensa campaña de intoxicación política.
"Los acusados supuestamente llevaron a cabo una guerra informativa contra Estados Unidos con la meta establecida de difundir desconfianza contra los candidatos y contra el sistema político", dijo en una rueda de prensa el "número dos" del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, quien supervisa la investigación rusa.
Los acusados —entre ellos un empresario cercano a Vladimir Putin, según la AP— comenzaron a operar en 2014. Entre las supuestas operaciones habría figurado dar apoyo al ahora presidente, el republicano Donald Trump, y perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.
Según la investigación, en su objetivo por sembrar el caos, los acusados también apoyaron a Bernie Sanders, rival de Clinton durante las primarias demócratas, y emprendieron acciones contra los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, rivales de Trump durante las primarias para la nominación presidencial republicana.
En el escrito de acusación el fiscal Mueller establece que algunos de los implicados interactuaron con estadounidenses asociados con la campaña de Trump, cuyos nombres no se menciona y quienes no se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados.
"Desde 2014 y hasta ahora, los acusados conspiraron para defraudar a Estados Unidos para afectar, obstruir y derrotar sus posiciones legales como Gobierno mediante el fraude y el engaño con el objetivo de interferir en el sistema político de Estados Unidos, incluidas sus elecciones presidenciales de 2016", explica Mueller.
De los 13 individuos contra los que presentó cargos Mueller, 12 trabajaron en algún momento para la empresa Internet Research Agency, con sede en San Petersburgo (Rusia).
Según el fiscal especial, los acusados se hacían pasar por activistas estadounidenses y usaban identidades ficticias en redes sociales para ponerse en contacto con ciudadanos de Estados Unidos y pedirles su apoyo en diferentes causas políticas, como por ejemplo, ayudar a Trump a "reforzar las fronteras".
Una vez que reunían la información sobre esos estadounidenses, Internet Research Agency se encargaba de recolectar sus identidades.
La empresa elaboró una lista y, a finales de agosto de 2016, ya disponía de información de contacto, como usuarios en redes sociales, de cien ciudadanos de Estados Unidos, así como un resumen de sus preferencias políticas y la actividad de movilización política para la que había pedido su colaboración.
El fiscal sitúa a Internet Research Agency en el centro de la conspiración y afirma que tenía millones de dólares de presupuesto a su disposición para lograr su meta declarada, que era "difundir la desconfianza hacia los candidatos y hacia el sistema político en general", según aparece en el escrito.
Para lograr sus objetivos, los acusados viajaron al menos a ocho estados del país y, en esos viajes, trabajaron con un estadounidense, al que no identifican.
Ese estadounidense los ayudó a entender cuáles eran los estados que podrían tener un mayor peso en el resultado de las elecciones, entre los que figuran Colorado, Virginia y Florida.
Según el escrito, los acusados organizaban manifestaciones, usando siempre la misma técnica: compraban anuncios en Facebook, pagaban a personas en Estados Unidos para que participaran y, luego, se comunicaban con personas y grupos que apoyaban a Trump para que acudieran a la manifestación.
Incluso después de las elecciones de noviembre de 2016, los acusados usaron identidades falsas para organizar y coordinar una manifestación en Nueva York en favor de Trump, mientras organizaban al mismo tiempo otra marcha con el lema "Trump no es mi presidente".
El objetivo era sembrar el caos y, para ello, usaron todos los medios en su poder, según el escrito de Mueller.
Ninguno de los acusados está bajo custodia de las autoridades estadounidenses y Rusia no suele extraditar a sus ciudadanos a Estados Unidos, por lo que, en la práctica, estas acusaciones les impedirán viajar fuera de Rusia por miedo a acabar en un país que acceda a las peticiones de extradición de Estados Unidos.
Mueller ocupa desde mayo de 2017 el cargo de fiscal especial, desde donde investiga la injerencia rusa y los supuestos lazos entre ese país y la campaña presidencial de Trump.
Hasta el momento, la investigación de Mueller sobre la trama rusa ha llevado al enjuiciamiento de cuatro personas relacionadas con el mandatario: su exasesor de seguridad en la Casa Blanca, Michael Flynn; su exjefe de campaña, Paul Manafort; su "número dos" en la campaña Rick Gates; y otro exasesor, George Papadopoulos, que trabajó para el magnate durante las elecciones.
Moscú califica las acusaciones de 'absurdas'
El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó las acusaciones de "absurdas" y dijo que reflejan la "realidad política del momento en Estados Unidos".
"Dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos que eran 13. Es decir, 13 personas interfirieron en las elecciones de Estados Unidos. Trece contra los presupuestos multimillonarios de los servicios secretos, contra la inteligencia y la contrainteligencia, 13 contra los novísimos desarrollos y tecnologías. ¿Absurdo? Creo que sí", dijo la portavoz de Exteriores, María Zajárova.
La diplomática sugirió que Washington utiliza precisamente el número 13 por las connotaciones negativas que rodean la cifra.
"Será por falta de malas asociaciones con las demás cifras", ironizó.
Rusia ha negado en reiteradas ocasiones cualquier tipo de intromisión en las elecciones presidenciales norteamericanas y ha calificado de "gratuitas" y "carentes de fundamento" las acusaciones que se están vertiendo en su contra.

EL PARTIDO DE LEOPOLDO LÓPEZ DESCARTA IR A LA FARSA ELECTORAL DE MADURO


El líder opositor Leopoldo López tras ser enviado a prisión domiciliaria. (REUTERS)
Agencias | Caracas | 17 de Febrero de 2018
El partido opositor liderado por Leopoldo López, Voluntad Popular, anunció el viernes que no participará en las elecciones presidenciales de abril en Venezuela y pidió a otras organizaciones políticas que no convaliden "la farsa electoral", informa Reuters.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de la que Voluntad Popular forma parte, aún no dicho si presentará a un candidato único o si se retirará, semanas después de que fracasara un diálogo con el Gobierno en el que la oposición pedía garantías electorales.
"Voluntad Popular no convalidará el fraude electoral convocado por la dictadura para el 22 de abril de 2018", informó la organización en un comunicado que publicó en su sitio en internet. "Quien se inscriba con estas condiciones estará haciéndole un favor a la dictadura", agregó.
El registro del partido Voluntad Popular fue cancelado en enero por el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control del oficialismo, por no acudir al proceso de renovación que ordenó la Asamblea Nacional Constituyente —integrada solo por chavistas— y que la oposición desconoce.
López está bajo arresto domiciliario como parte de una condena por supuestamente incitar a la violencia durante las protestas de 2014, en un proceso rechazado por la oposición y la comunidad internacional. Esta semana, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, hoy en el exilio, reconoció que recibió presiones de Diosdados Cabello, una de las principales figuras del chavismo, para encarcelar a López.
El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles fue inhabilitado por 15 años para postularse a cargos de elección popular.
Primero Justicia también denunció que el poder electoral de Venezuela le negó la posibilidad de validarse como organización política. Mientras que, en enero, la máxima corte del país impidió a la coalición de partidos de oposición presentarse con una tarjeta unitaria en las elecciones.
El presidente Nicolás Maduro anunció a finales de enero que se presentará como candidato en las elecciones presidenciales.

LA DEMOCRACIA DEL DIAL


Una radio Selena, de fabricación soviética.
Francisco Almagro Domínguez 
Miami, 16 de Febrero de 2018 
Al caminar por las entrecalles de Cuba a finales de los años 80, podía oírse desde las casas un ruido extraño. Una mezcla entre un chirrido de metales —¿o grillos?—, y voces lejanas, casi imperceptibles. Faltaba mucho tiempo entonces para hablar de "ataques sónicos". Y al contrario de las mansiones diplomáticas, los sonidos salían de las casas más humildes. Cualquier cubano sabía que se trataba de Radio Martí. Los ruidos: la interferencia que el régimen hacía de sus trasmisiones. El volumen subía y bajaba según se tratara de Esmeralda o de un breve informativo.
Han pasado algo más de 30 años —salida al aire el 20 de mayo de 1985—, y La Habana aun considera Radio Martí un acto de suma hostilidad. Es un tema que no deja de discutirse entre el gobierno cubano y el de EEUU. La agresividad contrarrevolucionaria endilgada a un puñado de trabajadores y presupuesto mínimo radica en que, con sus defectos y virtudes, Radio Martí ha informado durante tres décadas lo que se desconoce en la Isla. Casi todos los cubanos, hasta los más afectos al proceso, se han enterado de todo a través de la "radio enemiga".
Un balance de aciertos y desaciertos es un tema complejo no solo por el tiempo en el aire. Desde 1990 existe TV Martí, a lo que se añadió una página en Internet y otras plataformas digitales en los últimos años. Hablamos pues, de un Sistema Martí, y un presupuesto de 27 millones de dólares anuales, no de la pequeña cabina desde la cual se trasmitió por primera vez la voz del locutor aquel 20 de Mayo: "Buenos días Cuba, está escuchando Radio Martí, en el aire hoy, ahora. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre a recibir información y diseminarla".
La noticia de que el Gobierno norteamericano se prepara a hacer un corte drástico del personal y los recursos del Sistema Martí han tomado por sorpresa a más de uno en ambas orillas. En Cuba, porque tantos esfuerzos por silenciar al interior una voz contraria, al fin está dando frutos: si TV Martí no se ve, y los grillos y los metales siguen impidiendo una recepción clara, pues es hora de que todos "cooperen con el represor cubano". Y como el Gobierno del Presidente Trump es altamente pragmático, lo que no funciona, no se paga; lo que no se ve, es como si no tuviera derecho a existir.
La oposición al régimen también ha criticado ácidamente la medida en camino. Tienen razón cuando dicen que es de las pocas opciones informativas tras la cortina de bagazo. Sin embargo, la dependencia del financiamiento norteamericano ha hecho que el Sistema Martí se mueva según los vaivenes de la política norteña y no de los objetivos primarios del exilio político: lograr cambios en la isla comunista.
Pero ese es el mismo argumento del Gobierno cubano para bloquear las señales: es una estación "mercenaria", la pagan "extranjeros". Saben que hoy es difícil justificarle a un obrero de Detroit o un campesino de Arkansas millones de dólares para una empresa cuyo objetivo, en teoría, es la libertad de un país ajeno. Añaden: y si quieren radio y televisión liberadoras, patrióticas, cubanas, que la paguen los exiliados de sus bolsillos y no los bolsillos del resto de los contribuyentes norteamericanos.
Los perjudicados, como siempre, son los cientos de miles de radioescuchas cubanos. Es absurdo pedirle al régimen que admita la señal de Radio Martí, precisamente por la misma razón que el exilio quiere mantenerla: la información alternativa es un arma letal para cualquier sistema totalitario. Es también utópico pedirles a los cubanos de la Isla la "democracia del dial". Los radios y los televisores cubanos vienen con el conmutador en una sola frecuencia, la del Gobierno.
De alguna manera, fuerzas contrarias en la misma dirección se han anulado. Los sucesivos gobiernos norteamericanos se han apegado a la ley, aunque se diga lo contrario; sus potentes satélites jamás han invadido el espectro radioeléctrico cubano haciendo visible TV Martí como si fuera Cubavisión. Pudieran haberlo hecho, sin duda. Tampoco los castristas han bloqueado las señales norteamericanas hasta Canadá. Pudieran haber cometido ese error fatal. Solo entonces habría una declaración de guerra. Una guerra que ambos, hasta ahora, han evitado.
Quienes vivimos en el llamado mundo libre sintonizamos una estación de radio o de televisión, y si no nos gusta, como un simple movimiento de los dedos sobre el dial o el mando del televisor, tenemos opciones. Opciones: casi todas distintas, y a veces, contrarias unas de otras. Los cubanos de la Isla, no. Cada periódico, estación de radio y televisión, y últimamente las páginas digitales autorizadas, clonan noticias, opiniones, propaganda política. Los dedos de nuestros compatriotas están paralizados por el desuso. La democracia del dial no solo es una quimera. Es un acto subversivo. Y así será mientras exista un partido único, dueño del éter del bien y del mal.
Puede que este conflicto sobre el Sistema Martí comience a poner ideas nuevas, frescas, out of the box, fuera de la caja. Han pasado más de treinta años y el mundo, la tecnología y la gente han cambiado. Es fuera de Cuba donde se puede y se necesita mover el dial. Pero no el de la radio, sino el de las neuronas.

¿ES RUSIA CULPABLE DE LOS ATAQUES SÓNICOS?

Rusia, ¿sospechoso habitual en ataques a diplomáticos de EEUU en La Habana?



La embajada de EEUU en La Habana reflejada en un charco de agua.
Para Rusia, capaz de desarrollar armas nuevas y sofisticadas, acabar con el acuerdo entre Washington y La Habana podría constituir un golpe maestro de la geopolítica, pero no hay ninguna evidencia de que pueda estar involucrada en los extraños ataques en La Habana, dice el portal de periodismo investigativo ProPublica.
El gobierno de Rusia sería un “sospechoso obvio” de haber perpetrado los ataques contra 24 diplomáticos estadounidenses y sus familiares en La Habana, señala esta semana el medio independiente ProPublica en un amplio reporte sobre el caso.
Analistas de inteligencia han considerado que el gobierno ruso tendría motivos y los medios tecnológicos para realizar ataques de este tipo, indicó ProPublica en el reporte titulado "El sonido y la furia: Dentro del misterio de la Embajada de La Habana".
“El gobierno de Putin ha hostigado rutinariamente a diplomáticos estadounidenses en Moscú y a veces en el extranjero; durante la Administración Obama, parecía decidido a socavar la política extranjera americana alrededor del mundo”, añadió el medio, especializado en periodismo de investigación.
ProPublica recuerda que “Rusia también tiene la capacidad para desarrollar armas nuevas y sofisticadas y una alianza de seguridad de larga data con Cuba”, aunque advierte que “los investigadores no han encontrado ni siquiera evidencias circunstanciales de una mano rusa en los incidentes”, según dijeron oficiales relacionados con el caso.
Sin embargo, para Rusia podría constituir un “golpe maestro de la geopolítica” acabar con el acuerdo entre Washington y La Habana, y utilizar el escenario cubano para sus operaciones contra adversarios occidentales, dijeron oficiales de EEUU citados por el portal.
“Rusia también tiene una larga historia de hostigamiento a diplomáticos de Estados Unidos, un patrón que se ha intensificado en Moscú desde 2014”, dijo al medio independiente Andrew Foxall, director del Centro de Estudios Rusos en la Sociedad Henry Jackson de Londres.
Por otro lado, analistas dudan que Putin expusiera de esa forma su relación con el gobierno cubano, con el que en los últimos años se ha esforzado por fortalecer una relación dañada tras la caída del campo socialista.
“Como con Venezuela y Nicaragua, Rusia ha pagado un precio generoso por la amistad renovada con Cuba, ayudando a compensar la pérdida de importaciones de petróleo venezolano con 1,9 millones de barriles de combustible,cuyo valor se estima en $105 millones a precios de descuento”, subraya Propublica.
El acercamiento no ha sido solo comercial, sino también en materia de seguridad. El reporte señala que justo cuando empezaron los ataques contra el personal estadounidense en la isla, en diciembre de 2016, el Kremlin y La Habana firmaron “un nuevo acuerdo de cooperación sobre defensa y tecnología”, además de mencionar la posibilidad de reabrir la base de espionaje de Lourdes.
Los rusos podrían tener la capacidad de desarrollar un arma de energía no identificada aún por los investigadores de EEUU, subraya ProPublica, pero todo lo que apunta a su posible participación en los ataques de La Habana son meras especulaciones.
Hasta ahora, los analistas no han encontrado ninguna evidencia de que Rusia pudiera estar involucrada, y se preguntan, aun si tuviera a mano un arma de energía dirigida, como la supuestamente usada en el ataque a los diplomáticos estadounidenses, cómo podrían habérselas arreglado para burlar un sofisticado aparato de seguridad, en un Estado policial como el cubano, sin el consentimiento de las autoridades locales.
“Las agencias de inteligencia tampoco han documentado pruebas de un arma parecida contra algún otro objetivo, o señales de que Rusia pueda haber movido agentes a Cuba para llevar a cabo tal operativo”, concluyó Propublica.
Para el abogado cubano Alberto Méndez Castelló, especializado en criminalística, la tesis de que Rusia podría estar detrás de los ataques a los diplomáticos estadounidenses tiene sentido, pero señala que en Cuba nada semejante puede hacerse sin la anuencia de las autoridades.
En declaraciones a Martí Noticias, Méndez Castelló llamó la atención sobre el hecho de que algunos de los ataques ocurrieron en las residencias de los funcionarios, y se refirió a que ProPublica menciona que entre los afectados hay seis agentes de la CIA.
"Aquí hay un dato concreto. Que no es en la embajada, estaban actuando en casas de los diplomáticos. Pero todos sabemos que en Cuba nadie puede operar las líneas telefónicas, las líneas eléctricas, ni las aguas albañales sin conocimiento de las autoridades, y más en este caso de diplomáticos", explicó el abogado.
Méndez Castelló agregó que no se trataba de "extranjeros de cualquier país, sino concretamente estadounidenses, sobre los cuales el gobierno cubano mantiene una observación muy específica, no solo humana, sino con todo tipo de medios técnicos, y me parece difícil que algo, en una de estas viviendas, estuviera ocurriendo sin que hubiera un ojo avizor de las autoridades".
(Con información de ProPublica y reporte de Radio Martí)